"El nuevo gobierno tiene que llamar a grandes acuerdos de nación, porque la situación está muy difícil, con falta de recursos para combatir la pobreza y la desigualdad, una violencia desbordada y una deuda pública cada vez más grande", afirmó a la agencia AFP el politólogo Marco Antonio Barahona.

Un índice anual de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, seis veces más alto que la media mundial, habla claro de los problemas más graves que aquejan a los guatemaltecos: una violencia exacerbada y una cultura de impunidad.

La promesa de Colom de "combatir la violencia con inteligencia" quedó en el papel al cabo de cuatro años de gestión: las autoridades reconocen un promedio de 18 muertes violentas por día, 42% relacionadas con el narcotráfico. En íntima relación con las mafias de la droga, las "maras" o pandillas juveniles siguen proliferando, convertidas ahora en brazos armados de los cárteles.

En ese contexto, la propuesta de "mano dura" de Pérez, del Partido Patriota (PP), parece haber calado en los electores, pese a las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos que gravitan en su contra. La promesa de restablecer la pena de muerte hicieron otro tanto en favor de Baldizón, un empresario derechista vinculado por sus detractores con el crimen organizado, que a la cabeza de la agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder) logró forzar al balotaje.

Una de las situaciones más complejas en este país centroamericano es que el crimen organizado infiltró organismos del Estado como la policía y la justicia, acentuando la impunidad. El 98% de los casos que llegan a tribunales queden sin condena, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocidos por el gobierno.

La ONU mantiene desde 2008 en este país la denominada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja en la depuración del sistema judicial en coordinación con la Fiscalía.

El panorama económico tampoco pinta prometedor con una deuda pública cercana de los 10.400 millones de dólares, un déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y una de las cargas tributarias más bajas de América Latina (10,4%).

Colom culpa a los partidos de derecha de la debacle económica por bloquear todos los intentos de aumentar la recaudación fiscal, y por su rechazo a aprobar en el Congreso un préstamo de millones de dólares para equilibrar el presupuesto. Tanto Pérez como Baldizón argumentan que se oponen a la aprobación de los créditos para no endeudar más al país, donde el 51% de sus 14 millones de habitantes viven en la pobreza.

Guatemala sobrevive, igual que otros países centroamericanos, gracias a la ayuda extranjera, que cada año cubre parte del presupuesto nacional, y a las remesas que envían emigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, vitales para el sustento de millares de familias pobres.

Pese a la falta de recursos, ninguno de los candidatos incluyó en su programa una reforma fiscal, rechazada por la poderosa cúpula empresarial desde hace tres décadas. Como solución alternativa, Pérez propone combatir el contrabando; mientras que Baldizón plantea que el tema de una reforma fiscal debe decidirse en una consulta popular.

La falta de recursos para combatir la pobreza, en un país donde el 49% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, contrasta con el millonario gasto electoral que superó los 65 millones de dólares, según una misión de observación electoral local.