Las agrupaciones, defensoras de derechos humanos en su mayoría, se dedican a acompañar a querellantes en casos como estos, cada vez más frecuentes en Guatemala para buscar el castigo de quienes cometieron esos delitos durante el conflicto armado (1960-1996).

Estas quedaron inconformes con la condición de no apto para ir a juicio determinada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el exgeneral Mejía Víctores, quien gobernó el país de 1983 a 1986 tras protagonizar un golpe de Estado.

La evaluación de los galenos determinó que el imputado sufre un considerable deterioro de sus facultades mentales y físicas y recomendó tratamiento especializado en el Centro Médico Militar, donde fue internado por orden de la jueza encargada.

El Ministerio Público le atribuye responsabilidad en dos sonados hechos, la matanza de 264 personas en la localidad Plan de Sánchez, departamento de Baja Verapaz (1982), y otras 11 en el área indígena Ixil, en Quiché, con más de mil muertos (1982-1983).

Según la Fiscalía General, Mejía Víctores fue el autor intelectual de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía, elaborados para materializar la política de tierra arrasada en el combate a la guerrilla y sus bases populares de apoyo.